fbpx
Córdoba Ciudad

Amparo Pernichi asegura que el gobierno municipal no privatizará el alumbrado público de la ciudad

La delegada de Infraestructuras (IU) informa que la propuesta apoyada por la Comisión Europea a la que se acogió el PP para mejorar la eficiencia energética en la ciudad de Córdoba lleva pareja la subcontratación de una serie de servicios hacia el sector privado, lo cual no podemos entenderlo más que como «un desmantelamiento del servicio público de alumbrado». 

AlumbradoLa delegada de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, Amparo Pernichi, ha asegurado que el gobierno municipal no privatizará el servicio de  alumbrado público de la ciudad, a diferencia de lo que pretendía el PP a través de una alternativa público-privada financiada por el Deutsche Bank.

Así lo ha puesto de manifiesto Pernichi en rueda de prensa, en la que ha informado que el anterior gobierno del PP presentó una presolicitud de ayuda con cargo al presupuesto del 2012, a través del gestor del Fondo propuesto por la Comisión Europea, el EEEF, «cuyo objetivo apoyaríamos todas las personas de este Gobierno: conseguir el 20 por ciento de la reducción de gases de efecto invernadero, aumentar el 20 por ciento en energías renovables y elevar la eficiencia energética en un 20 por ciento. «Lo que rechazamos son las herramientas que se utilizan para ello”

La propuesta suponía, en primer lugar, aceptar la puesta en macrha de una auditoria energética, por valor de 750.000 euros y cuyo fin último es la contratación mixta de suministros y servicios energéticos (subvencionada por el Deutsche Bank), que encamina a la contratación mixta con el sector privado de suministros y servicios energéticos que ahora son públicos como puede ser: el alumbrado público, fuentes municipales, edificios municipales, centro de procesamiento de datos y la gestión inteligente del Ayuntamiento de Córdoba.

«Se trata básicamente de que esa auditoría estudie en qué medida podemos llegar a ese 20, 20, 20 que propone la Comisión Europea, pero directamente lo que se traduce es que eso sea a través de una contratación privada, de tal manera que desmantela el servicio público y de ahí la trampa».

El contrato con la UTE, conformada por CREARA e INERSUR, que está realizando dicha auditoría, cumple el 30 de junio, dada la premura, no da tiempo a que «nuestros técnicos puedan estudiarla convenientemente», por lo cual la decisión es llevar desde Infraestructuras a la Junta de Gobierno local una ampliación de plazo hasta el 30 de octubre. La delegada añade dicha auditoría es «seria» gracias a los magníficos técnicos que tenemos en el Ayuntamiento.

Por lo tanto, se trata, como primera medida de ampliar el plazo para que podamos estudiar esa auditoría, lo que  no significa que «vayamos a optar por una contratación posterior de esos servicios a la empresa privada».

Etiquetas

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba
Cerrar