Carta Abierta de Amparo Pernichi: «Optimizando recursos, remunicipalizando servicios»

La delegada de Medio Ambiente e Infraestructuras, Amparo Pernichi, se dirige en primera persona a la ciudadanía para explicar la cancelación del contrato con la empresa Gecor para el mantenimiento de la App ‘Córdoba 10’, debido alto coste de mantenimiento, la baja repercusión en la sociedad de su uso, y la deficiente optimización de recursos que suponía para Infraestructuras.

Optimizando recursos, remunicipalizando servicios

La relación entre la intensidad de operaciones de marketing que se realizan para vender un producto, suele ser inversamente proporcional a la eficacia y eficiencia del mismo. Esa es la sensación que tuvimos al llegar a la Delegación de Infraestructuras en relación a las herramientas que gestionaban aquello que nos vendió el Gobierno extinto del PP: “un sistema de reparaciones en 72 horas” para todas aquellas incidencias que los vecinos y las vecinas detectaran en esta ciudad.

La idea es seductora, cómo negar que es preciso mejorar la atención a las demandas ciudadanas, sabiendo que ese debe ser uno de los principios que rija las decisiones de una delegación como la de Infraestructuras. Al fin y al cabo mantenemos los parques y jardines, los edificios, los acerados, los firmes o el alumbrado público de la ciudad. La cuestión es siempre recurrente: ¿Cómo hacerlo?, ¿A cualquier precio?, ¿Con qué medios contamos para responder a las expectativas?

De todos y de todas es sabido que la Ley de Estabilidad Presupuestaria combinada con la de reforma de la Administración local ha sido el cóctel perfecto para ir asfixiando los servicios públicos, con la intención de abrir la puerta y recibir con honores al sector privado y, la verdad sea dicha, hay que reconocer que la estrategia es tan infalible como perversa. En este marco, a finales del 2012, comenzó el periplo de contrataciones con empresas privadas para, supuestamente, mejorar el sistema de información y gestión de incidencias en el mantenimiento de los espacios públicos de la ciudad, “casualmente” justo el año en el que se empieza a aplicar el plan de ajuste que, de manera dramática, ha reducido el número de personas trabajadoras públicas y los recursos materiales con los que cuentan para realizar su trabajo.

A pesar de estos movimientos previos, es en enero de 2014 cuando lanzan lo que calificaron como un “servicio para detectar las incidencias que se producen en la vía pública e intentar resolverlas en menos de 72 horas”, el entonces alcalde, José Antonio Nieto, afirmó que era un programa «pionero», y que «ningún ayuntamiento tiene un servicio así». Sin embargo, en primer lugar, la delegación de Infraestructuras llevaba décadas atendiendo a los cordobeses y cordobesas telefónicamente, de manera presencial y, en los últimos años, también mediante correo electrónico.

En segundo lugar, esa atención en 72 horas la inmensa mayoría de las veces, desde que se instauró este nuevo sistema, se ha limitado a un correo de repuesta en el que se trasmitía que estaban cursando su petición. Algo normal, ya que no puedes restar personal y pretender servir a la carta sin engañar a nadie.

En tercer lugar y, bajo nuestro punto de vista, lo más grave, es que se contrató con una empresa privada la implantación y uso de una plataforma informática, que a los cordobeses les ha costado hasta la fecha más de 192.000€, de los cuales a la última anualidad le han correspondido 88.330€. Si bien esta cifra es alta, cuando consideramos que dicha aplicación no es propiedad de este Ayuntamiento sino de la empresa que la gestiona, ese coste se hace aún menos digerible.

Ante estos datos cualquiera podría pensar que, a pesar de todo, el PP, de mano de dicha empresa, pudo poner en marcha un sistema que mejorara ostensiblemente la comunicación con los vecinos y vecinas de esta ciudad y que además, facilitara el trabajo a las distintas unidades encargadas de resolver esas incidencias. Pues bien, teniendo en cuenta el coste de mantenimiento anual del sistema, y el número de incidencias reportadas por los ciudadanos y ciudadanas a día 4 de agosto de 2015, el coste por cada aviso se eleva a 56€, ya que solo un 11,52% del total de incidencias corresponde a las notificaciones de estos, el resto proceden de las distintas unidades de infraestructuras y, en mucha menor medida, de otros estamentos municipales como Centros Cívicos, policía local o atención ciudadana. A todos ellos se les ordenó desde el minuto uno registrar cualquier incidencia en dicha plataforma privada.

Este hecho ha multiplicado la carga de trabajo en la delegación de Infraestructuras, ya que los avisos llegan duplicados o triplicados y por diferentes vías, lo que obliga a un cribado previo y a un procesado innecesario posterior. Por otro lado la plataforma que se contrató es universal y no está hecha a la demanda de las necesidades de nuestros servicios, por lo que internamente se optó por seguir cursando las incidencias a través de los sistemas que ya funcionaban en las unidades de Infraestructuras para ser operativos. A pesar de ello, las incidencias debían, una vez solucionadas, de pasar de nuevo por la plataforma contratada. Una vez más era una carga extra de trabajo que recae sobre un plantilla cada vez más exigua.

Llegado este punto, y una vez valorados todos los aspectos técnicos, sociales y económicos, ayer día 15 de agosto se cumplió el plazo en el que expiraba el contrato y la decisión de este equipo de gobierno ha sido no prorrogarlo. No cuestionamos la labor de la empresa privada que se contrató, sencillamente, creemos en el trabajo que realizan diario los trabajadores públicos, por eso hemos consensuado con los responsables de todas las unidades que la solución es adaptar y optimizar el sistema de gestión de avisos que ya está funcionando en una de ellas.

El propósito de esta medida es favorecer la mejor operatividad, optimizar los recursos de la delegación, mejorar la comunicación entre las unidades de Infraestructuras y seguir manteniendo como clave de bóveda en nuestra razón de ser el servicio a todos los cordobeses y cordobesas. La alternativa está en marcha y pasa por mejorar la calidad de vida de las personas que habitan esta maravillosa ciudad, poniendo en valor el servicio público y restando, en la medida que podamos, su externalización.

Amparo Pernichi López
Delegada de Medio Ambiente e Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba

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