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IULV-CA lleva al pleno de la Diputación el TTIP, el Pacto Social por el Agua y las peonadas 0

El grupo provincial busca el consenso y el diálogo con el resto de grupos políticos para que salgan adelante estas iniciativas defensoras del interés general

RDP mociones pleno octubreEl grupo de IULV-CA en la Diputación Provincial de Córdoba va a presentar ante el próximo pleno de la institución provincial, que se celebrará el próximo miércoles, 21 de octubre, tres mociones relativas a la declaración de provincia opuesta al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP), en defensa de los trabajadores y trabajadoras agrícolas de Andalucía, y sobre la adhesión al Pacto Social por el Agua.

En relación a la primera, Ana Mª Guijarro, viceportavoz del grupo, ha informado que “en el año 2013, la Comisión Europea recibió el mandato de los estados miembros de la Unión Europea de negociar con los Estados Unidos el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, negociación que, desde entonces, se está llevando en secreto, con un intolerable déficit de transparencia y control por parte de la ciudadanía y de sus representantes políticos”.

“Dicho tratado”, ha explicado Guijarro, “representa un atentado y un serio peligro para la democracia y la debida protección de los derechos en materia de sanidad y educación, del medioambiente, nuestros derechos digitales o como consumidores, anteponiendo el interés comercial de los inversores y empresas transnacionales al interés general”.

En palabras de la viceportavoz, “la aprobación del TTIP contribuiría, en el caso de España, y del municipio de Córdoba en concreto, a la planificada ofensiva del neoliberalismo conservador del gobierno español de desmantelamiento de los municipios, que bajo el nombre de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la administración local el gobierno de la nación pretende tres objetivos básicos: restringir la democracia y autonomía local, la supresión de competencias y servicios públicos locales, y la total privatización de los servicios municipales”.

Por todo ello, IULV-CA propone al pleno de la Diputación “oponernos de forma tajante a esta negociación entre la UE y EE.UU., declarando a la provincia de Córdoba como Provincia opuesta al TTIP, defendiendo los servicios públicos básicos para la solidaridad y redistribución social; solicitando al Ministerio de Hacienda, a las Administraciones Públicas del Gobierno de la Nación y al Parlamento Europeo su apoyo a mantener el carácter público de los llamados servicios socialmente útiles así como la suspensión de las negociaciones del TTIP y otros acuerdos comerciales similares; y que la Diputación Provincial de Córdoba introduzca los criterios sociales y medioambientales en sus contrataciones, licencias, programas de compras y en las prioridades políticas de las delegaciones de la Delegación de Fomento Comercial y Desarrollo Económico y Empleo, oponiéndose de esta forma al espíritu y no sólo a la letra del TTIP”.

Por otro lado, Marisa Ruz, diputada provincial de IULV-CA, ha presentado una moción encaminada a la eliminación de las peonadas necesarias para acceder al subsidio agrario. Ruz ha declarado que “la creación de empleo ha de ser la principal actividad de cualquier gobierno en una situación de crisis, máxime cuando el drama del desempleo supera los 4 millones de parados”. En este sentido, “uno de los colectivos más perjudicados por esta situación son los/las trabajadores/as eventuales del campo que sufren los efectos de la crisis, y padecerán como nadie la dramática disminución de jornales, en especial, las mujeres”, sobre todo, después de que “recientemente, se haya procedido al reparto de los fondos del PFEA, sin que haya habido ningún aumento por parte del Gobierno de España de la partida dedicada a la contratación de mano de obra”.

Para el grupo provincial, “son necesarias medidas que refuercen las rentas de los trabajadores y trabajadoras andaluces que dependen de las peonadas” y, por ese motivo, propone al pleno de la institución “instar al Gobierno de España a la eliminación de las peonadas necesarias para acceder a la prestación del Subsidio Agrario y Renta Agraria por parte de los trabajadores y trabajadoras eventuales del campo, mientras persistan los motivos que provocan esta eliminación; instar al Gobierno de España a la inmediata puesta en marcha de un programa extraordinario de fomento del empleo agrario especial, así como el aumento de fondos del ordinario para atender las necesidades de Andalucía en la demanda de jornales para los y las eventuales del campo; e instar al Ministerio de Empleo y Seguridad Social a que, de forma extraordinaria y mientras persista esta situación, permita que los trabajos y jornales de los programas de ayuntamientos y Diputación computen para percibir el subsidio y renta agraria de las trabajadoras y trabajadores”.

En último lugar, Izquierda Unida propondrá al pleno la adhesión al Pacto Social por el Agua, explicando que “en 2010 la Resolución A/RES/64/292 de la Asamblea General de Naciones Unidas reconocía al agua potable como derecho humano esencial y, como tal, su acceso debe ser garantizado a todas las personas. Asimismo, recientemente, el pleno de la Eurocámara ha respaldado la iniciativa ciudadana ‘Right2Water’, que busca garantizar el agua a todos y que se considere como un Derecho Humano y ha dejado claro que el agua no debe tratarse como un bien comercial”.

“En aplicación de este derecho humano”, ha señalado Marisa Ruz, “la gestión del suministro del agua debe guiarse mediante criterios de equidad social. Para ello resulta fundamental, entre otras cuestiones, garantizar una dotación mínima y el compromiso de no cortar el suministro en casos de impago justificados socialmente”.

En este sentido, “desde hace varios meses, diversas organizaciones y plataformas de la sociedad civil de todo el estado vienen reclamando la necesidad de blindar el suministro de agua ante los intereses de las empresas privadas por hacer negocio con este servicio, así como un cambio de modelo de gestión del agua urbana para que sea pública y participativa.                 Las bases de este nuevo modelo vienen recogidas en el Pacto Social del Agua que, entre sus objetivos, se encuentran la prohibición de los cortes de suministro, asegurando un mínimo de entre 60 y 100 litros por persona y día en caso de impago justificado, eliminar la participación de la empresa privada, garantizar tarifas sostenibles, asegurar que el dinero del agua se reinvierta solo en este ámbito, aumentar el control social sobre los recursos, el respeto al medio ambiente o que la gestión del suministro sea un elemento de creación de empleo”, tal y como defiende IULV-CA.

En consecuencia, el grupo provincial propone que se acuerde “considerar que el agua es un derecho universal esencial que debemos garantizar a todos los vecinos y vecinas de Córdoba; considerar que  el agua es un bien común que debe regularse por un modelo de gestión pública en el que no tengan cabida intereses privados; adherirse al Pacto Social por el Agua y la constitución de manera urgente de una Comisión para el desarrollo del Pacto Social del Agua en Córdoba, formada por los representantes técnicos municipales y expertos de la sociedad civil”.

A continuación el audio completo de la rueda de prensa:

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