IU denuncia que 12.000 habitantes de la provincia viven en zona de sombra de móvil

También llevará al Parlamento medidas a favor de los afectados por el IRPH

para webEl uso del teléfono móvil es imprescindible en el día a día, pero la falta de cobertura se ha convertido en un auténtico problema para una parte de la provincia. La parlamentaria andaluza de IULV-CA por Córdoba, Elena Cortés, ha denunciado que esta falta de cobertura afecta en la provincia a más de 12.000 cordobeses y cordobesas. En concreto, las zonas más afectadas son las localidades de Carcabuey –la pedanía de Algar- y Ochavillo del Río, perteneciente a Fuente Palmera.

Lo que les pasa a estos núcleos de población es que se encuentran en una zona de sombra de red, tal y como se define de manera técnica. Se trata de lugares en los que la señal llega demasiado débil, bien porque hay obstáculos o simplemente porque se encuentran muy lejos. Cortés ha recordado, en este sentido, que “no tener cobertura en el móvil condiciona la vida de la gente y es necesario” como, por ejemplo, cuando se espera una llamada tras realizar una entrevista de trabajo y no se recibe por no tener cobertura en la propia residencia.

El segundo teniente de alcalde de Carcabuey y concejal de Urbanismo, Juan Castro, comparte estos argumentos y explica que “aunque la ley no establece la cobertura de móvil como un derecho básico, en pleno siglo XXI no es normal no tener”. Castro ha incidido en que “el tamaño de una población, por pequeña que sea, no tiene por qué influir en que no tenga cobertura móvil” y señala que las citadas poblaciones no son las únicas de la provincia que se encuentran en esta situación, “sino que seguro que hay más. Tener cobertura es básico y fundamental, es un derecho innegable”, considera.

La falta de cobertura en estas zonas de la provincia se remonta al periodo 2003-2007. En estos años, como indica el concejal de Carcabuey, el Ministerio de Industria lanzó una convocatoria de ayudas para la instalación de repetidores. Sin embargo, una de las peticiones que se les planteó para instalar uno de ellos en dicha zona fue el hecho de que la antena “simulara un pino”. Ante la falta de este repetidor, Castro reconoce que, desde el Ayuntamiento, están barajando diferentes posibilidades, como que sea la propia institución municipal quien asuma el coste de su instalación con recursos propios, algo que ronda los 50.000 euros, aunque “el Consistorio no debería ser quien se hiciera cargo”, sino una operadora móvil.

Ante esta situación, el grupo parlamentario de IULV-CA va a preguntar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía “si tiene conocimiento” de lo que pasa en estas zonas de la provincia de Córdoba, “que afectan negativamente a sus condiciones materiales de vida”, y, además, “qué acciones piensa tomar para resolver esta situación anómala”. Al respecto, la diputada autonómica de IU ha aludido a los convenios que el Ejecutivo andaluz suscribió con una operadora de móviles por el que se comprometía a suministrar cobertura 4G a los municipios con más de 10.000 habitantes en el plazo de dos años y critica que las localidades con menor población no se incluyeran ya que “los habitantes de estos pequeños municipios no deben estar penalizados porque las compañías telefónicas no los consideren económicamente rentables”.

Cortés ha anunciado que si la organización conoce más casos de pedanías o zonas de la provincia habitadas en las que no haya cobertura de teléfono móvil llevarán el asunto a donde haga falta para conseguir revertir esta situación.

 

PNL A FAVOR DE LOS AFECTADOS POR EL ÍNDICE DE REFERENCIA DE PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS

Por otro lado, la parlamentaria por Córdoba ha anunciado que IULV-CA presenta una Poposición no de Ley ante el pleno del Parlamento andaluz que se celebra esta semana relativa a “actuaciones a favor de los afectados por el índice de referencia de préstamos hipotecarios”.

Cortés ha explicado que dicho índice, IRPH, se define como “la media simple de los intereses concedidos por el conjunto de entidades, para préstamos hipotecarios, en un determinado mes” y, en España, existen más de un millón trescientos mil préstamos hipotecarios referidos al tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, para adquisición de vivienda libre, aunque “realmente es una especie de cláusulas suelo con los que la banca puede seguir estafando a la gente” al tratarse de un “índice opaco, poco transparente y que no representa la realidad del mercado hipotecario español”.

IU considera que la situación es “abusiva” y por tanto debe declararse la nulidad del IRPH Entidades. La formación de izquierdas se apoya en las 45 sentencias judiciales al respecto y en que el Banco de España haya reconocido oficialmente este hecho por escrito en respuesta a un pliego de preguntas en un procedimiento del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Burgos en junio de 2015.

Por todo ello, IU defenderá que el Parlamento andaluz se posicione en este asunto y que pida al Gobierno de la Junta de Andalucía que negocie con las entidades financieras que operan en Andalucía. El objetivo es que los bancos ofrezcan a todos los clientes afectados la sustitución del “abusivo” IRPH por el tipo de interés sustitutivo legal establecido en la escritura de la hipoteca de cada afectado. En caso de que este tipo de interés no exista en la escritura, que se sustituya por unas condiciones mínimas consistentes en el euríbor más un diferencial de como máximo un punto.

Además insta a la Junta para que pida a las entidades financieras que devuelvan las cantidades cobradas indebidamente por la aplicación de los tipos y que facilite, mediante la Agencia Andaluza del Consumo, “la información necesaria para que las personas afectadas reciban asesoramiento para revisar sus cláusulas, bien con la mediación bancaria o bien con las acciones legales que quieran emprender”.

También solicitará a la Junta que lleve a cabo una campaña institucional para difundir tanto la sustitución del tipo de interés como el servicio de mediación de Consumo para que sea devuelta la cantidad cobrada de forma abusiva.

Por último, IU pedirá colaboración entre Junta y Federación Andaluza de Municipios y Provincias para que promuevan un documento de compromiso ético para las entidades bancarias y que condicione, en caso de no ser suscrito, la posibilidad de que la Administración local renuncie a las relaciones comerciales con las entidades financieras que no lo suscriban. En este documento, IU quiere que se incorporen desde compromisos para la mediación hasta la supresión de las cláusulas abusivas -entre las ellas la del IRPH- ya una moratoria de desahucios, u otros compromisos que se consideren convenientes.

Asimismo, el grupo parlamentario de IU pedirá un posicionamiento del conjunto de la Cámara andaluza para que muestre su preocupación ante la demora injustificada en la eliminación del IRPH Entidades y ante el hecho de que el Parlamento Europeo no haya aprobado que el reglamento sobre los índices utilizados como referencia en los instrumentos financieros y los contratos financieros sea también aplicable a los miembros del Sistema Europeo de Bancos Centrales, excluyendo así el IRPH. Este reglamento exige condiciones tan básicas como hacer públicos los datos utilizados para elaborar los índices, que el IRPH elaborado por el Banco de España incumple argumentando que se trata de datos secretos, prestación fundamental del contrato de cualquier préstamo que queda al arbitrio de uno de los contratantes, eludiendo cualquier medida de fiscalización; y finalmente, por el hecho de que los índices deben ser representativos de los valores de mercado y sujetos a la oferta y la demanda.

Además, la proposición no de ley que IU defenderá en Pleno insta al gobierno del Estado a que presente durante el segundo semestre de 2016 un Proyecto de Ley dirigido a modificar la Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización para que incluya un nuevo apartado para que se produzca la desaparición completa del IRPH y para que el nuevo índice aplicable en su caso más desfavorable sea el euríbor más un diferencial de, como máximo, un punto, para que los titulares de préstamos con índices variables que desaparecen se beneficien de tipos de interés referenciales transparentes, objetivos y de mercado.

En último lugar, IU pedirá que “ante la persistente vulneración del derecho humano, constitucional y estatutario a la vivienda que padecen millones de personas en nuestro país” se pongan en marcha las cinco medidas defendidas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) con los cambios normativos “tendentes a hacer efectiva la función social de la vivienda, garantizando la dación en pago retroactiva, la ilegalización de los desahucios, la creación de un parque público de viviendas en alquiler con las casas vacías acumuladas por las entidades financieras, fomentar la tenencia de vivienda en alquiler con medidas que abaraten su coste, e implementar las modificaciones legales que garanticen los suministros básicos vitales”.

Elena Cortés ha señalado que dicha proposición ha sido trabajada con personas afectadas por este índice y “desde nuestro grupo, esperamos el apoyo unánime del Parlamento y su traslación inmediata en cambios legales efectivos para que se ponga en práctica”.

(Fuentes propias y El Día de Córdoba)

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