Las principales ciudades del Estado rechazan el proyecto de ley del Gobierno sobre pobreza energética

Córdoba, Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, A Coruña, Cádiz y Santiago de Compostela acuerdan alegaciones al proyecto de real decreto del Ministerio de Energía que regula el bono social y el concepto de consumidor vulnerable.


Los ayuntamientos de ocho de las principales ciudades del Estado han presentado este miércoles en Barcelona sus alegaciones al proyecto de real decreto a través del cual el Ministerio de Energía del Gobierno regula el bono social y la figura del consumidor vulnerable. En un acto conjunto celebrado en el consistorio barcelonés, las ocho ciudades han puesto de manifiesto que el proyecto que ha elaborado el ejecutivo del PP no resuelve la problemática de la pobreza energética ni da respuesta a las miles de familias que se encuentran en esta situación.

Representantes de los ayuntamientos de Córdoba, Barcelona, Zaragoza, A Coruña, Cádiz y Santiago de Compostela –los consistorios de Madrid y Valencia han expresado también su conformidad con el recurso– han lamentado que el proyecto de real decreto antepone la protección de las compañías eléctricas en detrimento del consumidor vulnerable, porque la defensa de estas familias que podrían encontrarse en riesgo de exclusión social se supedita a la existencia previa de una Administración Pública que asuma por adelantado el pago de las facturas pendientes, y porque además deja en las empresas comercializadoras la prerrogativa de determinar la condición de vulnerable del consumidor. En definitiva, las ocho ciudades piden trabajar por un cambio de modelo energético que ponga la garantía de acceso a los servicios básicos de la ciudadanía por delante de los beneficios económicos de las grandes empresas.

Los ocho ayuntamientos ven en el proyecto una garantía insuficiente para evitar cortes de suministro a familias en riesgo de exclusión social

Durante su intervención, el delegado de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, Rafael del Castillo, ha puesto en valor el estudio realizado en la ciudad de Córdoba por la empresa pública de Vivienda VIMCORSA, que concluyó que el 10% de los cordobeses han sufrido algún corte de luz por impago en los últimos años, el 48% no puede mantener su hogar a una temperatura adecuada, el 9% han acudido a los servicios sociales para que les ayuden en el pago de las facturas y el 28% se lo han pedido a sus familiares y amigos.

Son datos preocupantes, continúa Del Castillo, los que se han registrado en nuestra ciudad pero “son cifras sobre las que ya estamos trabajando, con medidas como la creación de la Mesa por la Energía, y lo hacemos porque nos preocupa la realidad que sufren miles de personas, porque afrontamos de frente sus problemas y porque al igual que el resto de los que estamos aquí presentes queremos darle una solución, que en el caso de la pobreza energética requiere y necesita con urgencia de una implicación absoluta del Gobierno de Rajoy”.

Para el delegado, los criterios de renta propuestos por el Gobierno para que una familia pueda considerarse como consumidor vulnerable severo o en riesgo de exclusión social son “tan restrictivos que son insultantes para las familias que padecen esta angustiosa situación y un desprecio a todas las organizaciones que están luchando contra la precariedad energética en España y por el reconocimiento de los suministros básicos como un derecho humano”.

Datos de Barcelona
La insuficiencia de esta protección se puede cifrar fácilmente en el caso de la ciudad de Barcelona, como demuestra que solo el 35% de la población actualmente atendida por pobreza energética podría estar protegida de un corte de subministro con los nuevos criterios que introduce el Gobierno. Además, respecto a la figura del consumidor vulnerable que introduce el proyecto de ley y para los que se contempla una rebaja del 25% en la factura, en el caso de Barcelona se sabe que alrededor del 40% de las personas que a día de hoy son atendidas en los Puntos de Asesoramiento Energético (PAE) ni siquiera podrían optar a dicho descuento.

La reforma contempla además diversos criterios cuestionables desde el punto de vista de diseño de las políticas sociales, como es el hecho que el Gobierno calcule de antemano que el bono social lo pedirán tan solo un 45% de las personas que podrían recibirlo. Diseñar una ayuda sabiendo que el 55% de los potenciales beneficiarios no la recibirán nunca es el reflejo de una escasa sensibilidad social. De hecho, los descuentos previstos en la factura energética que recoge el bono social oscilan entre un 25% y un 40% en función del grado de vulnerabilidad del beneficiario, mientras que las ciudades consideran que debería bonificarse el 50% y el 100% de un consumo energético básico que permita a las familias disfrutar de una vida digna.

Contra el principio de precaución
Los ocho ayuntamientos ven igualmente en el proyecto de reforma del Gobierno del PP un ataque al principio de precaución que debería primar en el corte de suministros, al entender que ésta es la manera más eficaz de evitar accidentes domésticos y eventuales tragedias. Esto es así porque, además de fijar un restrictivo criterio de renta, el proyecto de ley establece dos criterios adicionales que no están vinculados con la situación económica familiar: estar atendido por los servicios sociales (solo un porcentaje pequeño de las familias que sufren pobreza energética están atendidas en estos servicios) y que la administración autonómica o local financie al menos el 50% de las facturas impagadas y futuras. La arbitrariedad llega hasta el punto que el decreto incluye al conjunto de familias numerosas en la categoría de vulnerabilidad, automáticamente y sin tener en cuenta su renta, por lo que se podría dar el caso que una familia numerosa con una renta alta sea considerada vulnerable y se vea bonificada en sus recibos mensuales. Además, la redacción de bono social se centra en el concepto de unidad familiar, lo que eventualmente podría dejar fuera a todos aquellos hogares en los que solo vive una persona. Por esta razón, las alegaciones solicitan también que dentro de la figura de consumidor vulnerable se incluya explícitamente el concepto de persona física que resida sola en su vivienda habitual.

Adicionalmente, los ayuntamientos ven en esta última medida un nuevo ataque a su autonomía y una sobrecarga adicional a sus limitados recursos, sin ningún tipo de refuerzo económico o en forma de plantilla, e insisten en que antes de proceder a realizar un corte en el suministro eléctrico debería ser obligatorio la existencia de un informe de los servicios sociales que acredite la situación de la familia afectada. Más allá de eso, la gestión del bono social se centraliza en las grandes comercializadoras de energía y obvia a las pequeñas compañías que se encuentran en el mercado libre, que sin embargo sí que tienen que contribuir a su financiación, lo que a todas luces constituye una limitación de la supuesta liberalización del mercado eléctrico y un ataque directo a la viabilidad de estas pequeñas comercializadoras de energía.

Por todas estas cuestiones, y porque la reforma supone también un retroceso respecto a las legislaciones autonómicas que ya habían regulado los casos de pobreza energética, como sucede con la ley 24/2015 aprobada en Cataluña, los ayuntamientos solicitan igualmente que sean las Comunidades Autónomas las encargadas de fijar en sus respectivos territorios los criterios que definan al consumidor vulnerables y las categorías y requisitos que deba cumplir en cada caso.

El acto celebrado en Barcelona ha contado con la representación de la teniente de alcaldía de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, Laia Ortiz; la vicealcaldesa y consejera de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Luisa Broto; la tercera teniente de alcalde de Justicia Social y Cuidados del Ayuntamiento de A Coruña, Silvia Cameán; el concejal delegado de Servicios Sociales, Solidaridad y Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Córdoba, Rafael del Castillo; la segunda teniente de alcalde y concejala de Presidencia, Asuntos Sociales y Educación del Ayuntamiento de Cádiz, Ana Fernández, y la concejala de Políticas Sociales, Diversidad y Salud del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, Concepción Fernández. Los ayuntamientos de Madrid y Valencia han mostrado también su visto bueno a la presentación de las alegaciones.

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