IU denuncia que la colaboración público-privada “nos pone en manos del poder financiero y no garantiza el interés general”

Elena Cortés da a conocer un informe del Tribunal de Cuentas Europeo ante la “reinauguración” de la Ciudad de la Justicia

Elena Cortés, parlamentaria autonómica por Córdoba y portavoz adjunta de IULV-CA en el Parlamento de Andalucía, ante la “reinauguración” de la Ciudad de la Justicia de Córdoba, que tendrá lugar mañana miércoles, 25 de abril, por parte de la presidenta de la Junta de Andalucía, informa que “desde IU, queremos dar a conocer un reciente informe del Tribunal de Cuentas Europeo en el que dicho órgano plantea que el modelo de colaboración público-privada no es una opción económica viable para la construcción de infraestructuras públicas”.

Cortés manifiesta que “dicho informe señala cinco aspectos llamativos de este mal llamado modelo de colaboración público-privada: la insuficiencia generalizada, gastos ineficaces (como ya denunció IU, hace ya algunos años, la colaboración público-privada multiplica por cuatro el precio de las infraestructuras o servicios: en el caso de la Ciudad de la Justicia de Córdoba, la obra se licitó por 50 millones de euros y, desde las arcas públicas, se devolverán 250 millones de euros), la falta de transparencia, los retrasos en la entrega de las obras y la sombra de la corrupción, ya que no se garantiza la protección del interés público”.

“El Tribunal de Cuentas Europeo”, continúa la parlamentaria por Córdoba, “ha fiscalizado distintas obras de infraestructuras que se han materializado a través de este modelo y corrobora que esta manera de proveer a la ciudadanía de servicios públicos lo que supone es ponernos en mano del poder financiero que, al final, es quien gana y quien se lleva los beneficios”.

En este sentido, y ante “la segunda o tercera inauguración de la Ciudad de la Justicia de Córdoba”, IULV-CA espera que “la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se pronuncie en contra de este modelo de colaboración público-privada” y le exige que “destierre del Gobierno andaluz cualquier proyecto que tengan para abordar a través de este ante la claridad del informe del Tribunal de Cuentas Europeo y ante lo certificado también, en su momento, por la Cámara de Cuentas de Andalucía: hacer infraestructuras a través de este modelo supone perder dinero de las arcas públicas, no defender el interés general y, como señala el órgano europeo, dejar que la sombra de la corrupción planee sobre dichos proyectos”.

“De no ser así”, declara la portavoz adjunta en el Parlamento andaluz, “y si el Gobierno andaluz, tal y como señalan algunos medios de comunicación, estuviese trabajando para cerrar acuerdos con este modelo de colaboración público-privada para dotar de determinadas infraestructuras a Andalucía, mostrará de nuevo que la señora presidenta no solamente no mira por el dinero público, sino que se pone al servicio de los pingües beneficios de las multinacionales y del poder financiero, y en contra de los intereses del pueblo andaluz, de los intereses de los andaluces y las andaluzas”.

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