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Servicios sociales municipales e inclusión social

Córdoba vive una situación de emergencia social. La mal llamada crisis ha condenado a muchas familias de nuestra ciudad a padecer situaciones dramáticas. La falta de empleo y la falta, en muchas ocaciones, de subsidios sociales, sitúan a muchas personas de nuestra ciudad en riesgo de exclusión social.

En este contexto las políticas y servicios sociales son más necesarios y más urgentes que nunca. La administración pública más cercana a la ciudadanía, el Ayuntamiento, no puede dar la espalda a los problemas y necesidades de miles de cordobesas y cordobeses.

Por tanto, el gasto social que ocasionan las políticas sociales públicas es una inversión social, orientada, no sólo a dotar a la ciudadanía de prestaciones y servicios, sino también a mejorar los niveles de cohesión social, de calidad de vida y, en último termino, garantizar la igualdad.

Las políticas sociales públicas son, también, un buen medio para estimular una reducción de la desafección hacia la gestión pública. Son servicios personales y de proximidad, rasgos que, acompañados de buenas iniciativas y prácticas de ciudadanía, tienen que contribuir a mejorar los déficits de calidad democrática actual. Los servicios sociales deben garantizar los derechos subjetivos de la ciudadanía, por ello, dichos servicios deben ser ágiles y modernos, abiertos, siempre, a la participación ciudadana.

Tenemos el reto de dar respuestas a situaciones de emergencia social, de ritmo intenso y cambiante. Esto implica aumentar la capacidad adaptativa tanto en lo que se refiere a la organización de los servicios como a la gestión ágil y próxima de las prestaciones sociales. Las demandas sociales han de vincularse a una mejor definición de los roles de los diversos actores sociales con el fin de conformar una oferta pública y social complementarias, sin perder de perspectiva los derechos sociales. La existencia de los mismos queda invalidada si no ofrecemos a la ciudadanía instrumentos, modos y espacios para su ejercicio.

Si apostamos por la complementariedad de la oferta pública social y por la aceptación y el reconocimiento de la diversidad de actores y sus diferentes roles, se hace urgente situar en la senda de las prioridades la construcción del trabajo en red. En los últimos años, el impacto del trabajo en redes, como espacio relacional, de comunicación y de instrumento participativo ha sido ignorado y marginado por el Gobierno del PP en Córdoba.

Izquierda Unida, por tanto, defiende unos derechos sociales frente a una “caridad” que, insuficiente y denigrante, atenta contra la dignidad de las personas, especialmente en el caso de las mujeres maltratadas. Desde Izquierda Unida, por tanto, concebimos unos servicios sociales municipales, ni restringidos ni asistencialistas, que garanticen la protección social desde la administración más próxima y que mejor conoce la realidad de la misma.

Conseguir esto implica un modelo de servicios sociales municipales primarios y especializados asentado sobre dos ideas: primera: nuevos mecanismos de gestión y de intervención con un marcado carácter participativo; segunda: el establecimiento de un Catálogo de Prestaciones, garantizadas como derechos subjetivos, que responderá a tres ejes básicos:

A) Plan de emergencia social: protección a las personas, familias, colectivos y comunidades en riesgo o en situación de exclusión social
B) Prevención y atención a las personas en situación de dependencia
C) Protección a la infancia

Propuestas:

Sobre Mecanismos de gestión y de intervención:

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  • La creación del Área de Bienestar social en el Ayuntamiento de Córdoba.
  • Establecer canales de participación directa de la ciudadanía fortaleciendo los Consejos Sectoriales (de Servicios Sociales, de Discapacidad, de Inmigración) dotando a los mismos de instrumentos para un funcionamiento eficaz.
  • Establecer canales de coordinación con aquellas iniciativas sociales, entidades y organizaciones de ayuda social. El papel de dichas entidades será complementario al de los Servicios Sociales.
  • Aumentar las plantillas de Atención Primaria.
  • Orientar las intervenciones profesionales siguiendo lo siguientes principios:
    • Centrarse en las potencialidades individuales, de grupos y comunidades (en vez de en sus déficit o carencias).
    • Priorizar estrategias preventivas y de promoción social mediante intervenciones grupales y comunitarias.
    • Gestión de la Diversidad: apoyo a los colectivos que por su perfil de vulnerabilidad y exclusión requieran de itinerarios de inclusión propios.
    • Memorias de impacto sobre género, discapacidad e infancia: que culmine en impactos favorables en estos colectivos en las acciones municipales.

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Sobre el Catálogo de Prestaciones:

[toggle title=»A) Plan de emergencia social: protección de las personas, familias, colectivos y comunidades en riesgo o en situación de exclusión social» state=»close»]

1. La Vivienda: un derecho fundamental.

El estallido de la burbuja inmobiliaria y financiera de 2008 continúa generando en los pueblos del sur de Europa, consecuencias atroces para las personas y el territorio. La estafa hipotecaria producida por decenios de políticas neoliberales en España y Europa, está generando una vulneración sistemática de derechos fundamentales, con su cara más dramática en los desahucios masivos y en el sobreendeudamiento de las familias.

Estos años han demostrado que dejar el derecho a la vivienda al arbitrio del mercado destruye este derecho y, además, no supone una actividad económica sostenible ni generadora de empleo estable, sino un negocio depredador, especulativo y voraz. En el Estado español, desde 2007 hasta ahora, se han producido más de medio millón de desahucios hipotecarios en España, sin contar los desahucios por alquiler.

Propuestas:
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    Crear, dentro del organigrama de VIMCORSA, la Oficina Municipal en Defensa de la Vivienda. Esta Oficina tendrá, de manera prioritaria, las siguientes funciones: 1) la prevención, intermediación y protección de las personas y familias en riesgo y proceso de desahucio; 2) fomentar líneas de alquiler social en el parque público (suma de todas las administraciones) y en todo el parque de viviendas no ocupadas, facilitando la intermediación entre personas propietarias y solicitantes con ingresos limitados; 3) fomentar y apoyar las iniciativas de cooperativas sociales de vivienda.

  • El parque de viviendas públicas de ámbito municipal contará con la protección suficiente. Se dirigirá, mediante un plan de vivienda para personas en riesgo de exclusión social, a las personas expulsadas del mercado inmobiliario que no pueden acceder a una vivienda digna y adecuada para desarrollar su vida. La vivienda pública, como servicio público, no puede venderse ni privatizarse.
  • Las viviendas públicas (construidas con financiación pública) o las protegidas (construidas con financiación privada y pública) no podrán ser vendidas a sociedades mercantiles privadas, ni a fondos “buitre”.
  • El Ayuntamiento de Córdoba, gobernado por Izquierda Unida, nunca colaborará con el desahucio de familias. Impedirá, hasta donde sus competencia se lo permitan, que las familias puedan ser expulsadas de sus viviendas.
  • Se fomentará el acceso a la vivienda desde el cooperativismo. Incentivando nuevas formas de tenencia, como las Cooperativas de Uso de Vivienda y mediante el impulso de alquileres, de forma que el acceso al crédito hipotecario no dependa del endeudamiento para el acceso de crédito hipotecario.
  • Se fomentarán las Cooperativas de Uso de Vivienda y de una cultura de propiedad colectiva de un bien común, para su disfrute personal, familiar y colectivo, especialmente en zonas como el casco histórico, especialmente castigado por el despoblamiento.
  • Aumentaremos el cupo de los pisos de alquiler de VIMCORSA, para las familias monoparentales, familias en riesgo de exclusión social y víctimas de violencia de género en cumplimiento con la Ley Integral contra la violencia de género.
  • Se dotará de presupuesto y ayuda especial para la ayuda al alquiler a las mujeres víctimas de violencia machista con sentencia firme.

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2. Suministros básicos garantizados: un escudo de protección frente a la pobreza.

Resulta necesario que la administración local responda a las necesidades básicas de una gran parte de las personas que, con independencia de su situación social, ven como la falta de trabajo o de vivienda les aboca a una exclusión económica que los conducen a la marginalidad.

Con esta propuesta, el Ayuntamiento de Córdoba, gobernado por Izquierda Unida, pretende, mediante la puesta en marcha de un Programa de Inclusión Social, asegurar que todas las personas residentes en Córdoba tengan cubiertas sus necesidades básicas en los aspectos esenciales para una vida digna: alimentación, transporte y suministros principales. Dirigido a personas sin ingresos estables que se encuentren en situación de riesgo de pobreza económica y/o exclusión social, este programa es un conjunto de medidas de rescate social que se consideran imprescindibles.

Propuestas:
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  • Creación de la Comisión de Inclusión Social. Compuesta por la administración local y los agentes sociales, su finalidad es determinar el grado de acceso de las personas en desempleo y en riesgo de exclusión social a los beneficios de los programas de inclusión social.
  • Los servicios sociales municipales deberán priorizar la atención, el seguimiento y el apoyo activo a las mujeres víctimas de malos tratos o que se encuentren en riesgo de sufrirlos.
  • Establecer canales de colaboración y negociación con empresas suministradoras de energías para evitar los cortes de suministros a las personas y familias sin recursos. Se realizarán todos los esfuerzos necesarios para acordar con las empresas suministradoras el establecimiento de un precio social en los suministros básicos de los hogares con poder adquisitivo reducido y, en particular, para las familias en riesgo de exclusión social. Este “precio social” no implicará un gasto presupuestario extraordinario para el Ayuntamiento.
  • En cuanto al suministro de agua, EMACSA establecerá un cupo de suministro mínimo de agua para familias en las que todos sus miembros están en desempleo.
  • La creación de un Bono Transporte Social: para todas aquellas personas que se encuentren en situación de pobreza y/o exclusión social y mujeres víctimas de violencia de género sin recursos, que lo soliciten.
  • El Ayuntamiento de Córdoba, gobernado por Izquierda Unida, creará un economato social. Este servicio público pretende garantizar el acceso a productos de alimentación con precios bonificados en función de la renta disponible, a personas en desempleo o riesgo de exclusión social.
  • Programa de huertos urbanos. Este programa, destinado a personas desempleadas y en riesgo de exclusión social, se propone como una vía destinada a garantizar, mediante la autogestión de huertos, una canasta básica de productos alimenticios. El huerto urbano como nuevo espacio social, se añade a los servicios sociales e instalaciones que utiliza una sociedad avanzada y solidaria, en un entorno de colaboración, y logro del bienestar de forma colectiva.

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3. Migraciones.

Durante décadas, Andalucía fue una tierra de emigrantes. Esta realidad, que hizo que muchas andaluzas y andaluces tuvieran que dejar nuestra ciudad en busca de las oportunidades que aquí se les negaban, vuelve a estar presente en nuestra vidas. Son muchas las personas, especialmente las jóvenes, las que, como hicieron sus madres y padres, sus abuelas y abuelos, tienen que tomar el camino de la emigración en busca de las oportunidades de trabajo que los gobiernos del PP les niegan.

Izquierda Unida quiere combatir esta situación. Nos situamos radicalmente en contra de que nuestra gente deba alejarse de nuestra tierra en busca de oportunidades de trabajo. Sin embargo, somos conscientes de las dificultades que tenemos para lograr esto. Por este motivo, primero, debe ser intención del Ayuntamiento de Córdoba, que todas aquellas personas que tengan la obligación de emigrar lo hagan en las mejores condiciones y con las máximas garantías, pero sobre todo y lo más importante, facilitar el retorno de las personas que quieran regresar a Córdoba.

Propuestas:
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  • Creación de una Unidad de atención a las personas emigrantes vinculada al Área de Servicios Sociales. Desde esta Unidad se orientará y asesorará a las personas que deben abandonar Córdoba hacia otros países en busca de opciones laborales sobre: condiciones en los países de destino, trámites para obtener visados y permisos de residencia y trabajo, planes de asistencia familiar, etc…
  • Esta Unidad elaborará un programa de retorno para asesorar a las personas retornadas, facilitando el regreso a aquellas que lo reclamen y en el que se contabilice la experiencia y méritos adquiridos en la actividad laboral desarrollada en el extranjero.

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[toggle title=»B) Prevención y atención a las personas en situación de dependencia» state=»close»]
El Partido Popular nunca han tenido interés en aplicar la Ley de Atención a la Dependencia, con la que desde el primer momento no se sintió identificado. Por el contrario el proceso de creación de dicha ley contó en todo momento con el apoyo de IU porque considerábamos que se trataba de una ley fundamental para la ciudadanía, especialmente para las personas mayores y las personas con discapacidad.

Al notable déficit de servicios sociales que padecemos, debemos sumar los perjuicios sufridos por las familias cuidadoras, como consecuencia de los recortes generales que el Gobierno del PP y anteriormente el PSOE ha introducido en la Ley de Atención a la Dependencia desde el año 2012.

Esta situación no puede continuar. Las personas en situación de dependencia y sus familias no pueden seguir soportando esa mala gestión y esas carencias de cobertura. La atención a las personas en situación de dependencia es una de las prioridades, tanto en la agilidad de la tramitación, como en la ampliación de la cobertura y en la calidad y adecuación de las prestaciones y servicios reconocidos.

Propuestas:
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  • Mejorar los procedimientos administrativos para que la tramitación municipal sea mucho más ágil.
  • Diseñar y poner en marcha un programa de amplia difusión del derecho a la atención a la dependencia.
  • Promover la puesta en marcha de servicios de promoción de la autonomía.
  • Se potenciará y se dotará de mayores recursos económicos y humanos los programas de ayuda a domicilio, como fuente de creación de empleo femenino y garante de una mayor conciliación familiar.

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[toggle title=»C) Protección a la infancia» state=»close»]
En el año 2010, promovido por UNICEF y el Defensor del Menor de Andalucía, se firmó, por las principales fuerzas políticas andaluzas, entre las que se incluye Izquierda Unida, el Pacto Andaluz por la Infancia. La finalidad de dicho Pacto no era otra que “incluir a la infancia entre las prioridades de la agenda política y social a nivel local y a nivel autonómico porque: el desarrollo de la salud de la infancia, de su educación y de su participación activa es crucial para el futuro de cualquier sociedad; su dependencia y su estado de desarrollo les hace particularmente vulnerables, por lo que son más sensibles que los adultos a las condiciones bajo las que viven, tales como la pobreza, la infravivienda o la contaminación; las niñas y los niños también son más sensibles a las acciones u omisiones de los gobiernos que cualquier otro grupo”.

Izquierda Unida, como firmante del Pacto, entiende que su contenido sigue plenamente vigente y asume los principios que en él se establecen para el diseño, ejecución y evaluación de los programas de acción social orientados a la infancia:
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  • Reducir o mitigar los riesgos sociales y económicos que afectan directamente a la vida de niños y niñas.
  • Invertir en políticas de prevención reductoras de riesgos.
  • Intervenir tan pronto como sea posible cuando sean menores los que están en riesgo, a fin de evitar pérdidas o daños irreversibles.
  • Mitigar los efectos de crisis, exclusión y pobreza sobre la infancia, reconociendo que las familias necesitan apoyo para que se garantice la igualdad de oportunidades mediante provisiones especiales para llegar a la infancia especialmente vulnerable y excluida, incluidos las niñas y niños sin cuidado parental, los que están marginados dentro de sus familias o comunidades debido a su género, discapacidad, etnia, u otros factores.
  • Considerar los mecanismos dentro de la dinámica del hogar y el alcance que éstos tienen sobre las criaturas, con especial atención al equilibrio de poder entre hombres y mujeres dentro del hogar y en la comunidad en general.
  • Incluir la voz y la opinión de menores, adolescentes y jóvenes, así como sus profesionales en el cuidado, en la comprensión y el diseño de sistemas y programas de prevención y protección social.

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Por tanto debemos visibilizar a una infancia, privada de muchos de sus derechos y oculta en la estructura familiar, llevando a cada niña o niño a ser un sujeto social pleno y no un mero objeto de protección, en consonancia con la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña. Es necesario el compromiso de los agentes políticos y sociales para la mejora de la vida de las niñas y los niños, la visibilización de sus necesidades, el reconocimiento y la garantía del ejercicio de sus derechos, entre ellos el de participación en todas las decisiones y ámbitos que les afectan.

Propuestas:
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  • Recuperar e impulsar el Consejo Municipal de infancia, dotándolo de los instrumentos necesarios para su funcionamiento eficaz y haciendo de este órgano el espacio desde el que priorizar las políticas de infancia en la agenda local y política.
  • Creación del Observatorio de la Infancia con los objetivos, entre otros, de: conocer el estado de la calidad de vida de la población infantil, así como los cambios que acontecen en esta situación en nuestro ciudad; estimular la investigación y el conocimiento de la infancia y la adolescencia para prevenir situaciones problemáticas; publicar estudios y hacer informes periódicos que contribuyan a una mejor aplicación de los derechos de la infancia y adolescencia, así como al conocimiento de sus necesidades.
  • Elaboración de un plan integral de infancia y adolescencia que, entre otras cuestiones, defina una acción coordinada, complementaria y eficaz de todas las administraciones públicas.
  • Estableceremos lugares de encuentro para las familias de niñas y niños menores de 2 años que no están escolarizados. Serían grupos estables de madres y padres que juntos a sus hijas e hijos se reúnen semanalmente para: favorecer la socialización de las criaturas, que las madres y padres, antes del parto compartan sus intereses, dudas, conocimientos y experiencias.
  • Priorizar la protección social de los colectivos de infancia más vulnerables: migrantes, infancia gitana, en instituciones, con discapacidad, en familias numerosas y monoparentales con bajos niveles de renta y empleo.
  • Fomentaremos la participación de la infancia en la vida de la ciudad. Una ciudad pensada por y para la infancia es una ciudad accesible.

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Programa de Gobierno de Izquierda Unida para Córdoba

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