Del empleo comunitario al PER (Política planificada de empobrecimiento de los municipios rurales de Andalucía)
El Empleo comunitario está en la memoria de los pueblos asociada a decenas de jornaleros trabajando en las cunetas de las carreteras. Un trabajo colectivo con una baja rentabilidad y que servía de escarnio para los protagonistas de un indeseado trabajo, a los que se negaba la dignidad de un trabajo útil.
Los gobernadores civiles repartían discrecionalmente, según el nivel de tensión reivindicativo en los pueblos. El sindicalismo de clase estaba presente en cada uno de los tajos y la cohesión provocada por el trabajo grupal, caldo de cultivo para encender el campo andaluz. Los convenios del campo eran firmados por la patronal tras la presión de huelgas masivas.
Antecedentes
El Empleo comunitario está en la memoria de los pueblos asociada a decenas de jornaleros trabajando en las cunetas de las carreteras. Un trabajo colectivo con una baja rentabilidad y que servía de escarnio para los protagonistas de un indeseado trabajo, a los que se negaba la dignidad de un trabajo útil.
Los gobernadores civiles repartían discrecionalmente, según el nivel de tensión reivindicativo en los pueblos. El sindicalismo de clase estaba presente en cada uno de los tajos y la cohesión provocada por el trabajo grupal, caldo de cultivo para encender el campo andaluz. Los convenios del campo eran firmados por la patronal tras la presión de huelgas masivas.
A todo ello se añade la paulatina mecanización que elimina puestos de trabajo, mientras las estructuras agrarias se mantienen. Los pueblos se enfrentan al despoblamiento y al envejecimiento. La situación, después de cuarenta años, es casi similar, con los mismos actores. Hoy la propiedad de la tierra está en menos manos incluso, que a principios de los años treinta.
El modelo en el que se ha sustentado el sector rural, han estado basadas en la eventualidad y la movilidad intersectorial, que ahora ocupan un plano socialmente relevante en el nuevo contexto de desempleo y precarización de la fuerza de trabajo. Esta característica de la actividad agraria en regiones latifundistas ha venido ligada a otras actividades como la construcción y la hostelería asociada al turismo. Un fondo o reserva de trabajo “ simple”, para ser usada de forma temporal que ha entrado en crisis, por la burbuja de la construcción y la precariedad en el sector servicio. Es el llamado complejo “ agricultura/construcción/hostelería”, que se ha mantenido durante décadas, facilitando una mano de obra excedentaria, sin que existan otras salidas, a no ser la emigración al extranjero.
Reformas
Incluso el gobierno de la UCD en su último año, esboza ya la desaparición del Empleo Comunitario para sustituirlo por medidas generadores de empleo. La derecha andaluza cuenta con sus representantes en el Congreso, procedentes y representando como en otros momentos de nuestra historia, los intereses del latifundismo y del sector agrario conservador.
Con esta primera reforma, nunca aplicada, los fondos públicos distribuidos hasta entonces por los alcaldes entre los desempleados de sus correspondientes municipios pasarían a manos de unos gestores públicos dependientes del Gobierno.
Las medidas, como suele ocurrir con los gobiernos de la derecha, si pretenden beneficiar al trabajador con una mano, con la otra también a los empresarios. Por un lado, las que corresponderían a empleos creados mediante ayudas directas a los empresarios agrícolas, y, por otro, las referidas a creación de empleo mediante la intervención directa de la Administración en las mismas áreas en las que venían creando empleo los ayuntamientos.
Se pretendía una nueva filosofía y vaciar al empleo comunitario de ese carácter humillante. Ni antes ni ahora se ha dado respuesta a la aspiración de los trabajadores del campo consistentes en la puesta en marcha de un plan estructural para el campo -implantación de industrias de transformación, planes de obras públicas, fomento de cultivos generadores de empleo, etcétera,
Del Empleo Comunitario al PER (1984)
En 1984 se introdujo el subsidio de desempleo agrario y el Plan de Empleo Rural (PER) como alternativa al Empleo Comunitario que estaba vigente desde 1971. Con esta reforma el partido gobernante se asegura, en la mayoría de los municipios andaluces, la continuidad.
El nuevo sistema de prestaciones sociales establecidos en 1984, se apoya en un triple soporte:
– Un subsidio de desempleo equivalente al 75% del SMI, a percibir durante 180 días al año.
– Un Plan de Empleo Rural (PER) tendente a canalizar las inversiones oficiales destinadas al medio rural.
– Un Plan de formación Ocupacional Rural (FOR) De ésta última medida nunca más se supo.
El subsidio de desempleo se cobrará durante nueve meses (durante seis meses pero la misma cantidad, desde 1994) a razón de 23.000 pts/mes (30.000 pts/mes desde 1994 hasta 2002) si se han trabajado sesenta peonadas al año, siendo la mitad de éstas, como mínimo, referentes al medio rural. Las otras treinta peonadas pueden alcanzarse mediante el PER (Plan de Empleo Rural), que era algo similar el E.C., pero que no buscaba la contratación masiva, sino la formación de listas de desempleados para contratarlos en turnos sucesivos.
El PER, actualmente se denomina PFEA (Programa de Fomento y Empleo Agrario), se basa en el reparto de fondos a los municipios y es aprobado por la Administración Central. En los últimos años las cuantías se mantienen casi invariables y se basa en la presentación de proyectos por parte de los Ayuntamientos, generalmente obras de arreglo de calles.
En la mayoría de los proyectos el sesenta por ciento va destinado a mano de obra y el cuarenta por ciento para materiales. Estos últimos son subvencionados por Diputación (25 por ciento) y Junta de Andalucía (75 por ciento).
Con este sistema vino la tan buscada paz social al campo de Andalucía y por ende la desmovilización sindical. Sólo esporádicamente alguna movilización puntual, como la protagonizada en 1991, año durante el cual el PSOE estableció unos bloqueos del subsidio para aquellos trabajadores que, en otros trabajos, ingresaran una determinada cantidad, por encima de la media. Esto provocó movilizaciones tanto del SOC como de CCOO y UGT, hasta que finalmente se retiró en poco tiempo ésta medida, tras una multitudinaria manifestación en Sevilla, durante la cual Municipios como Nueva Carteya, Castro del Río o Espejo desplazaron decenas de autobuses.
Cifras de desempleo
En 1982, si lo comparemos con los datos actuales, el trabajador del campo en un periodo de trabajo normal a lo largo del año, en 270 días de trabajo, la media de días trabajo obtenidos por persona y año fue de 99 días, en incluso en algunos puntos, como pueblos de Sevilla, de 104 días. Hoy estas cifras quedan muy lejanas y la consecución de las 35 peonadas en años de difícil cosecha, por ejemplo de aceitunas, es prácticamente imposible para la mayoría.
Sirva como ejemplo el número de cotizaciones que se han generado durante el año 2013:
2.854.271 JORNALES(-914.032 JORNALES MENOS QUE 2012 QUE SE REDUJERON A 20 LOS JORNALES NECESARIOS PARA EL ACCESO AL SUBSIDIO Y A LA RENTA AGRARIA Y -1.365.659 JORNALES MENOS QUE LA CAMPAÑA 2011 QUE ERA SIMILAR A LA DE 2013)
AÑO 2012: 3.768.303 JORNALES
AÑO 2011: 4.223.930 JORNALES
Según los datos del Ministerio de Empleo la media de las cotizaciones por contrato en la Provincia de Córdoba en el 2013 es de 7,85 en enero, 7,66 en febrero, 6, 98 en marzo, 8,23 en abril, 8,11 en mayo, 7,87 en junio, 9,24 en julio, 9,11 en agosto, 8, 57 en septiembre, 9,02 en octubre, 7,80 en noviembre y 8, 23 en diciembre, lo que nos da una media intermensual en 2013 de 8,22 jornales mensuales por trabajador o trabajadora.
En la actualidad, en la Provincia de Córdoba, el número de inscritos en el Régimen Especial agrario es de 64.681, con referencia al mes de agosto de 2014.
En Andalucía el número de inscritos es de 418.948. Es más del cincuenta por ciento del total de España. En el Estado Español el número es de 701.867 trabajadores.
Desde el año 2001, el peso específico de afiliados a éste Régimen Especial ha venido paulatinamente descendiendo de 1.126.021 trabajadores, a los 701.867 trabajadores en la actualidad.
En este contexto de desempleo se sitúa el campo andaluz, en la cola de las prestaciones, aumentando la brecha de la desigualdad en la misma Andalucía y como Comunidad con el resto.
El tercer trimestre de la EPA sitúa el número de desempleados en 5.427.700 con una tasa de
paro del 23,67%, de las cuales el 62 % son paradas de larga duración.
Ésta es la política general del PP: deterioro en la percepción de protección al desempleo, expulsión de la cobertura a cientos de miles de personas y bajada de la cuantía de lo que reciben los beneficiarios.
El gasto por lo tanto durante 2014 se ha reducido en 425 millones de euros, en comparación con el 2013. Se expulsa a muchas personas en paro del sistema en una política planificada para reducir el gasto social de protección y reduciendo la cuantía de la prestación. Esta es la mecánica que juega con la obligación de las peonadas. Expulsar a miles de personas del sistema, que en definitiva no es sino una renta social básica, imprescindible para el mantenimiento de muchas familias cada vez más empobrecidas.
Muchos municipios andaluces se ven de nuevo abocados al subdesarrollo, empobrecimiento general de la población, dependiente de las economías regionales, dado el carácter latifundista de sus estructuras agrarias.
La falta de sensibilidad de la derecha andaluza con el sector más desprotegido, el de los trabajadores del campo andaluz es proverbial, y sólo la movilización hará posible que la exigencia de las peonadas quede reducida a CERO.