Córdoba se suma al Pacto Social por el agua
Rafael del Castillo considera que esta decisión es una “verdadera hoja de ruta para convertir nuestra ciudad en un referente de sostenibilidad económica, medioambiental y social en el tema del agua”
El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba decidió ayer aprobar la moción presentada por IU y por PSOE de formar parte del Pacto Social por el agua, de manera que “el Ayuntamiento se compromete trabajar por conseguir un modelo de gestión 100% pública, transparente y solidario”.
Para el coordinador del área Social del Ayuntamiento de Córdoba, Rafael del Castillo, el Pacto es una “verdadera hoja de ruta para convertir nuestra ciudad en un referente de sostenibilidad económica, medioambiental y social en el tema del agua”. “Queremos garantizar un servicio y un derecho humano esencial como es el agua potable y hacerlo desde lo público”.
La moción aprobada por el Pleno recoge acuerdos como: El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba considera que el agua es un derecho humano universal esencial que debemos garantizar a todos los vecinos y vecinas de Córdoba; El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba, considera que el agua es un bien común que debe regularse por un modelo de gestión pública en el que no tengan cabida intereses privados;
Asimismo, contempla la adhesión del Pleno del Ayuntamiento de Córdoba, a este Pacto Social por el Agua; y, por último, la inminente incorporación como socios a la AEOPAS (Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento) para crear una verdadera red de ciudades por el gua pública, transparente y solidaria.
Cabe recordar que el Pacto Social por el Agua, está suscrito por más de 300 organizaciones en el Estado Español, y a él se han incorporado ciudades como Sevilla, Huelva, Santiago de Compostela, Gijón, Ferrol, Vitoria, la Diputación Provincial de Toledo o el ayuntamiento de Jerez de la Frontera.
Los objetivos del Pacto Social por el agua son: el primero, frenar la ofensiva de las empresas privadas por hacerse con los servicios en los pueblos, donde anticipan fondos que los ayuntamientos necesitan, a cambio de los recibos del agua de las próximas décadas (fórmula conocida como canon concesional);
La segunda meta, conseguir la sostenibilidad económica, social y ambiental del ciclo del agua; y, por último, e imprescindible, impulsar un modelo trasparente y participado.
La nueva política de aguas debe apostar por la Gestión Pública Participativa, sin ánimo de lucro, como servicio de interés general, ya que el agua no es una mercancía, sino un bien común y un derecho fundamental, además de elemento esencial para la vida. Por ello, en aplicación de este derecho humano, la gestión del suministro del agua debe guiarse por criterios de equidad social sobre la base de los principios de igualdad, no discriminación y justicia social.
