Memoria de pez o cinismo. O las dos cosas
Carta abierta a la ciudadanía sobre las contrataciones en la Oficina Municipal en Defensa de la Vivienda.
Parece que algunos (concejales/as del PP) han olvidado lo que hacían y promovían hace tan sólo unos meses desde el gobierno municipal. Parece que ya no recuerdan o no quieren recordar esos magníficos y cuantiosos contratos, a dedo, con bufetes de abogados sólo y con el único objetivo de despedir a personas, a trabajadores y trabajadoras de empresas y organismos autónomos del Ayuntamiento de Córdoba. Parece que ignoran, cuando dan a entender que puede haber ilegalidades en los procedimientos llevados a cabo en el AYUNTAMIENTO, lo que realmente está pasando en su partido, donde decenas de cargos públicos del PP habían diseñado, tal y como estamos viendo cada día, una estrategia para robar con cantidades millonarias al pueblo. Memoria de pez o cinismo. O las dos cosas.
Es alucinante y resulta casi una broma de mal gusto que el PP, y algunos medios, hablen de escándalo y den a entender posible corrupción en la Oficina municipal de la Vivienda en el proceso de contratación de dos abogadas para el asesoramiento jurídico de dicha Oficina.
Lo que se hizo
Lo que se hizo, ante un servicio como es la Oficina Municipal en Defensa de la Vivienda, que se inició como atención al público a finales de septiembre y a la espera de integrar en la Oficina al licenciado en derecho con el que cuenta la delegación de Servicios Sociales, fue abrir un plazo breve (que finalizaba el 31 de diciembre) para calibrar las necesidades efectivas de asesoría jurídica que iba a enfrentar este nuevo servicio. Para ello, se estableció un tope o cantidad máxima para contratar ese asesoramiento, previo informe de los técnicos municipales, que entendíamos no sobrepasaría en cualquier caso los 3.000 euros en cada caso (hasta 3.000 euros se considera contrato menor y según la normativa vigente se puede realizar mediante tramitación de facturas y no hace falta ni tan siquiera pedir 3 ofertas).
De hecho, la facturación final ha ascendido, en un caso, a 900 euros y, en otro, a 850 euros por el asesoramiento a 27 familias durante dos meses de trabajo, el cual incluye no sólo el asesoramiento propiamente dicho, sino múltiples reuniones de trabajo, elaboración de fichas de atención para la Oficina en Defensa de la Vivienda, elaboración de memorias, etc. Por cierto, con unas tarifas muy por debajo de las recomendadas
El PP pone en tela de juicio a los técnicos municipales
El PP con su denuncia pública ha puesto en tela de juicio tanto a los técnicos de la propia Oficina como a las dos asesoras jurídicas contratadas. Para empezar, las asesoras jurídicas son dos de las mejores expertas en asuntos jurídicos relacionados con problemas vinculados a la crisis habitacional, como demuestra que hayan impartido módulos formativos en la materia para el resto de compañeros/as de profesión a través del propio Colegio Oficial de Abogados y que vengan trabajando con numerosas familias en exclusión social que tienen graves problemas con su vivienda.
Con respecto al personal municipal de la Oficina, cuando el PP y algunos medios también los cuestiona, lo primero que hay que saber es que ha sido designado de forma completamente ajustada a la legalidad y a las competencias que la ley nos otorga tanto a mí como a la Delegada de Personal.
Pero no basta con señalar eso, sino que también quiero hacer constar que en ningún caso su nombramiento ha supuesto el más mínimo incremento salarial (es decir, cobran lo mismo que venían cobrando en su anterior cometido), pero sí una carga de trabajo muy superior, y que dicho personal ha asumido con entera entrega y profesionalidad, al servicio de la ciudadanía cordobesa más necesitada de nuestra ciudad, la que se queda sin casa por la acción de esos mercados que tanto protegen y a cuyos privilegios tanto contribuye el PP.
Y Es curioso, también, que el PP señale que el actual gobierno municipal podría haberse ido a un convenio con el Colegio de Abogados, etc., cuando ellos, cuando gobernaron, no promovieron ningún convenio con dicho Colegio en relación a casos de crisis habitacional (desahucios, etc.)
Es más, el PP ni siquiera intentó en ningún momento poner en marcha una Oficina para defender a la ciudadanía que sufría tales problemas, como sí ha hecho el nuevo gobierno municipal. Así mismo, el nuevo gobierno ha contemplado una partida vinculada con la Oficina para la firma de un convenio con el Colegio de Abogados, por lo que en ningún momento cabe hablar de ruptura de ninguna relación. Simplemente se ha estado a la espera de contar con el nuevo Presupuesto municipal, el de 2016, el primero que elabora el actual gobierno municipal, para que ese convenio que no hizo nunca el PP nosotros si lo podamos llevar a cabo.
En definitiva, todo apunta a una estrategia de despiste y deslegitimación del PP. De despiste para distraer la atención sobre la corrupción que arrasa al PP y, por ende, a nuestro país. De deslegitimación, para poner en cuestión una Oficina en Defensa de la Vivienda que ellos no quisieron poner en marcha, como sí ha hecho el actual gobierno, y que ha permitido en pocos meses atender a cientos de familias y empezar a resolver sus problemas o ayudar a ello.
Que todo ocurra en la misma semana en que el Pleno del ayuntamiento ha aprobado la moción de Stop Desahucios declarando a Córdoba ciudad en contra de los desahucios, con el descrédito de un PP que se abstuvo y al que la ciudadanía reprobó dándole la espalda durante la sesión plenaria cuando intervino su representante, no es casualidad.
Por ello, solo recomendar al PP que, antes de seguir hablando y de seguir alertando a la ciudadanía con denuncias completamente falsas, como es que haya existido alguna irregularidad en el procedimiento de contratación de dos abogadas para la Oficina en Defensa de la Vivienda, sería bueno que recuperasen la memoria y recordasen lo qué hacían ellos cuando gobernaban, que precisamente era estar a favor de los poderosos y en contra de quienes peor lo están pasando.
