Adelante Andalucía denuncia la desprotección en materia de derechos laborales que sufren los y las trabajadoras en Andalucía

La parlamentaria de Adelante Andalucía, Ana Naranjo, y la trabajadora de la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental (FAISEM), María Dolores Lucena, han denunciado la “desprotección” que sufren en materia de derechos laborales los y trabajadoras de Andalucía, que está provocando, como en el caso de Lucena, que la Inspección, dependiente de la Consejería de Salud, presione al médico de cabecera para que no amplíe su baja laboral a pesar de sufrir “dolores insoportables”, provocados por una bursitis.

Según ha explicado esta trabajadora de FAISEM, actualmente estoy en incapacidad laboral, fruto de una bursitis que no me tratan. En julio fue la última baja, me hicieron algunas pruebas al mes de dicha baja, a los dos meses me vio el traumatólogo, el cual me infiltró la cadera izquierda y para la cadera derecha tengo cita el próximo 27 de febrero.

“La Inspección consideró hace un tiempo que estoy apta para desarrollar mi labor como limpiadora, he trabajado durante un mes y fruto de la cojera que me provoca la bursitis he sufrido una artritis en el tobillo, que el médico de cabecera, después de suplicarle, le ha llevado a darme la baja. El problema es que no sé si esa baja es apta para la empresa o no ya que la Inspección sigue presionando para que no se me conceda”.

En este sentido, la parlamentaria de Adelante Andalucía ha señalado que “este es un caso de muchos en Andalucía, que pone de manifiesto la situación laboral en la que se encuentran muchas mujeres y hombres”.

Nos preocupa “esa desprotección que tenemos los y las trabajadoras en Andalucía, como también que prácticamente no haya controles públicos para garantizar los derechos laborales”.

Actualmente, añade Naranjo, “hay muchas enfermedades que no están reconocidas y hay mucho por hacer, como por ejemplo repensar la forma de gestionar los servicios de Inspección, que en algunas ocasiones están más condicionados por la productividad y por motivaciones económicas que por defender la salud y los derechos de los y las trabajadoras”. Además, continúa Naranjo, haría falta “más inversión para, precisamente, no se den tiempos tan abusivos para ser atendidos por personal sanitario, como es el caso de Lucena”.

Medidas del Gobierno central

En cuanto a derechos laborales, la parlamentaria ha “saludado las medidas que va a impulsar el Gobierno Central, destinadas a eliminar la posibilidad de despido por baja laboral o aquellas que reduzcan la tasa de precariedad que tenemos en España, la cual supera el 90%”.

“Nos esperanza que el Gobierno vaya eliminar algunas medidas de la Reforma Laboral de 2012, que generaban esa precariedad, y que vayan a blindar los convenios colectivos de las empresas, en los que los trabajadoras y trabajadoras tendrán unos derechos más fortalecidos en comparación con los individuales”.