IU y PODEMOS llevarán al próximo Pleno una moción sobre la importancia de garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones

Los grupos municipales de IU y Podemos llevarán al próximo Pleno una moción en la que instan al Ayuntamiento de Córdoba a sumarse a la solicitud de la Coordinadora Estatal de pensiones para que el Gobierno de España realice una auditoría de la Seguridad Social, “que determine cuánto se ha saqueado a la hucha de las pensiones”, y proceda a reponerlo de cara a garantizar la sostenibilidad del sistema.

Traemos esta moción porque estamos convencidas que “es un problema que afecta a la totalidad de la población cordobesa y de todo el país, tanto a jóvenes como a mayores”. Queremos que este problema tenga su altavoz dentro del Pleno del Ayuntamiento, porque además “es la primera vez” que este asunto se presenta conjuntamente por todos los movimientos en defensa de las pensiones públicas, como son la coordinadora estatal, el movimiento andaluz y la plataforma cordobesa.

Además, con esta moción damos un paso más en esa movilización constante y permanente porque con ella pretendemos “visibilizar los errores cometidos, reflexionar sobre el estado actual del sistema público de pensiones y plantear esa garantía de financiación y viabilidad”, cosa que ya vemos en este presupuesto del Gobierno Central, que ha asumido gran parte de esos gastos impropios de la Seguridad Social a través de otras fuentes de financiación.

Labor del Gobierno Central

En los últimos meses hemos asistido a la negociación del Pacto de Toledo y nos hemos “identificado” con sus conclusiones, que suponen un paso “fundamental” para garantizar un sistema público de pensiones y sobre todo para su sostenibilidad financiera.

Las medidas recomendadas “acallan a quienes de forma permanente venían vaticinando la quiebra del sistema estatal de pensiones” ya que, entre otras cuestiones, mantiene la separación de las fuentes de financiación, cotizaciones e impuestos según la naturaleza de las prestaciones y “descarga” a la seguridad social de gastos impropios que pasan al Estado, tal y como hemos podido comprobar en últimos presupuestos del Gobierno.

De igual forma, dan un “giro estratégico” para aumentar la financiación del sistema vía impuestos, asumiendo el Estado, a través de los presupuestos, los casos de insuficiencia en periodos de crisis y dando con ellos estabilidad a las pensiones públicas, aseguran el poder adquisitivo con el IPC de forma permanente por Ley, mejorando incluso las más bajas y las no contributivas, y recomiendan la derogación del factor de sostenibilidad que impuso el PP.

Además, las recomendaciones han tenido en cuenta a determinados sectores de la población que son especialmente vulnerables, la reducción de la brecha de género y la revisión de las pensiones de viudedad.

En definitiva, estas recomendaciones suponen un “compromiso de una amplísima mayoría parlamentaria con el mantenimiento de un sistema de reparto y solidaridad entre trabajadores y trabajadoras frente a quienes pretendían aprovechar la crisis del coronavirus para forzar su sustitución por sistemas de capitación individual”. En este sentido, queremos agradecer a los cientos de miles de pensionistas que han llenado nuestras calles para defender el sistema público de pensiones, pero recordando no sólo pensionistas sino también todos aquellos y aquellas que hemos y han reivindicado ese sistema de garantía social, como por ejemplo los sindicatos.