Desde el Área Federal de Educación de Izquierda Unida reclamamos medidas urgentes a las distintas administraciones educativas para dotar de estabilidad a las plantillas docentes en los centros escolares públicos, como garantía básica para el buen funcionamiento los mismos y para mejorar la calidad de la educación pública.
La interinidad del profesorado se ha convertido en un mal endémico del sistema educativo, situación que no solo
no se ha paliado en los últimos años, sino que se ha agravado tras la crisis-estafa que venimos padeciendo desde 2008. La reforma del artículo 135 de la Constitución Española por parte del PP-PSOE desencadenó brutales recortes en los servicios públicos, que en el ámbito educativo se concretaron en la reducción de salarios y de personal docente, aumento de horas lectivas y del número de estudiantes por aula, retrasos en las sustituciones del profesorado… junto con la drástica disminución de las convocatorias de empleo público.
Debido a estas políticas antisociales el porcentaje de trabajadoras y trabajadores interinos alcanzó niveles que nos sitúan muy por encima de las directrices europeas, que establecen la tasa de interinidad en los sectores públicos en un 8%, para poder dar respuesta a situaciones puntuales de bajas o de sustituciones sobrevenidas. Sin embargo, en la actualidad dicha tasa ha aumentado exponencialmente hasta situarse en el conjunto del Estado por encima del 25%.
Dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea han denunciado esta situación, y eso ha obligado al Gobierno a mover ficha para reducir el número de interinos. Pero, en vez de apostar por asegurar la estabilidad laboral de su profesorado, todo parece indicar que su respuesta consiste en poner en marcha un ERE encubierto que va a expulsar del sistema educativo a miles de docentes interinos por no tener apenas en cuenta su dilatada experiencia laboral. Como botón de muestra cabe señalar que, en las próximas oposiciones de secundaria, la experiencia de tres años de servicio equivaldrá en puntos a haber superado 300 horas de algunos de esos cursos que ofrecen academias y universidades privadas, y que -salvo rara excepción-, para poco sirven excepto para vender/comprar una acreditación.
Tras la nula disposición del ministro de Educación, Iñigo Méndez de Vigo, para dar una solución satisfactoria a la penosa situación creada por las propias administraciones educativas, adoptando medidas efectivas que favorezcan la estabilidad del profesorado interino, nos solidarizamos con las justas reivindicaciones de este colectivo y apoyamos cuantas iniciativas contribuyan a su estabilidad laboral y mejora de sus condiciones de trabajo.
Entendemos que el actual modelo de acceso a la función docente, propuesto hasta 2022 por el Ministerio de Educación, no va a garantizar la estabilidad de este profesorado, que en su mayoría ha aprobado varias veces las oposiciones, aunque no hayan obtenido plaza, debido a las ridículas ofertas de empleo público de anteriores convocatorias, que han supuesto un recorte en las plantillas de los centros educativos públicos, elevando así deliberadamente la tasa de interinidad.
Es intolerable que este colectivo haya sido sistemáticamente utilizado, por las Consejerías de Educación y el propio Ministerio, para cubrir plazas estructurales y ahora miren hacia otro lado en lugar de poner en marcha un plan para
garantizar su estabilidad. Son profesores y profesoras que han aprobado las mismas oposiciones, han hecho los mismos cursos y trabajan en las mismas aulas y con las mismas responsabilidades que el resto del profesorado, y por eso merecen un acceso en el que su experiencia prime sobre pruebas de memorización, que a veces poco tienen que ver con la labor docente. Porque el actual sistema de oposiciones, aprobado por el Ministerio de Educación, mantiene además el carácter eliminatorio de las pruebas y no puntúa hasta el máximo legal la experiencia docente previa, suponiendo un gran obstáculo para que estas trabajadoras y trabajadores puedan acceder a la función pública docente con una plaza fija, saliendo así de la injusta situación de inestabilidad y precariedad que vienen padeciendo hace muchos años.
Desde Izquierda Unida exigimos que el Ministerio de Educación, en coordinación con las Comunidades Autónomas, desarrollen un plan de estabilidad para el personal interino, colectivo que ha mostrado sobradamente su cualificación y aptitud como docentes. Exigimos pues la estabilidad de las plantillas y de sus docentes, así como la igualdad de las condiciones laborales de todo el profesorado, para fortalecer los equipos educativos, la autonomía docente y la calidad educativa.
Para ello hay que revertir los recortes con carácter inmediato y apostar por una oferta de empleo ambiciosa que aborde realmente la reducción de ratios, la atención a la diversidad, el desdoble de grupos y los refuerzos educativos. Todo ello requiere un compromiso real de incremento de la financiación educativa, a través del blindaje de la inversión en educación pública no universitaria que parta de un suelo del 5% hasta alcanzar el 7% del PIB. De esta forma realmente se podrían bajar las ratios, la carga lectiva del profesorado de Secundaria con el consiguiente aumento de plantillas que redundaría en una mejora de la atención educativa al alumnado. Esta medida beneficiaría tanto al personal interino como a los aspirantes que se presentan a oposiciones de profesorado, dado que permitiría crear plazas suficientes para atender a ambos colectivos.
