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Naranjo preguntará a la Junta cómo y cuando hará cumplir la sentencia sobre la Mezquita-Catedral

La parlamentaria vuelve a destacar la importancia de la Ley de Patrimonio que está promoviendo el Gobierno central para que hechos como éste "no vuelvan a ocurrir"

La parlamentaria de Unidas Podemos por Andalucía (UPporA), Ana Naranjo, ha adelantado que registrará una pregunta en el Parlamento andaluz para que la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, informe del «día y el procedimiento» que utilizará para que el Cabildo cumpla la sentencia del Tribunal Supremo y restituya las celosías en el muro Norte de la Mezquita-Catedral.

Naranjo ha mostrado «preocupación» tras las declaraciones del señor Repullo en las que considera «difícil» el cumplimiento material de la sentencia, y por eso «queremos conocer de primera mano cuándo y cómo plantean la consejera y el Gobierno andaluz subsanar una autorización que nunca debió dar» al Cabildo para que éste retirara cuatro celosías, pertenecientes a la intervención en el muro Norte de Rafael de la Hoz en 1972, y abriera una segunda puerta en la Mezquita, «anteponiendo los intereses del paso de las procesiones al mantenimiento, protección y conservación del patrimonio histórico de Córdoba».

«No queremos ni excusas ni que esto se demore en el tiempo», por lo que «exigimos a la consejera de Cultura que, en el menor tiempo posible», haga cumplir la sentencia y con ello el Cabildo reponga una celosía que el Gobierno andaluz «nunca debió autorizar su retirada, pues vulneraba normas fundamentales recogidas en la legislación autonómica».

La parlamentaria ha vuelto a insistir que en la gestión de la Mezquita-Catedral, que es patrimonio universal por la Unesco, ha habido una «falta de tutela pública» por parte del Ejecutivo andaluz, que se ha traducido en falseamientos interesados de la historia y en alteraciones del edificio que desvirtúan un «monumento único en el mundo y símbolo de la ciudad de Córdoba». Por ese motivo, la parlamentaria ha vuelto hacer hincapié en la importancia y la necesidad de la Ley que el Gobierno central está promoviendo para, precisamente, «proteger el patrimonio histórico de Córdoba y para que hechos como éste no vuelvan a ocurrir».

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