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Unidas Podemos pide a la Junta respaldo jurídico para el profesorado con extraescolares tras la condena a docentes de Fuente Palmera

Naranjo señala que hay claustros que están decidiendo suspender las actividades hasta que no se les garantice amparo legal en caso de accidente

La parlamentaria por Córdoba de Unidas Podemos por Andalucía (UPporA), Ana Naranjo, ha pedido este lunes al Gobierno andaluz de PP y Cs «respaldo jurídico» para el profesorado que realiza actividades extraescolares, «a fin de evitar que se repitan casos como el vivido en el IES Colonial de Fuente Palmera (Córdoba), donde varios docentes fueron condenados por homicidio imprudente por el ahogamiento de un alumno en una excursión en 2018, pese a que la propia jueza admitió que la actividad cumplía con todos los requisitos legales».

Por eso y de cara al nuevo curso escolar, Naranjo ha recordado en una nota la «indefensión» del profesorado, que soporta «una importante carga de trabajo a causa de la infrafinanciación de la Escuela Pública andaluza y de sus aulas masificadas y que, pese a ello, se prestan en beneficio del alumnado a participar en actividades extraescolares, que cumplen una función de gran importancia para la formación y el desarrollo del alumnado».

Lo sucedido con estos docentes, según ha señalado, «sienta un peligroso precedente y podría disuadir a otros profesores de participar en actividades extraescolares que van más allá de sus obligaciones profesionales ante la posibilidad de que se produzca un accidente como el de 2018″.

La parlamentaria andaluza ha indicado, a este respecto, que «ya hay precedentes de claustros en institutos andaluces que han decidido suspender las actividades extraescolares mientras la Administración no garantice seguridad legal ante un accidente», como ha sucedido en el IES El Getares de Algeciras (Cádiz).

Por todo ello, Naranjo ha solicitado al Gobierno andaluz, y más en concreto a la Consejería de Educación, «amparo y seguridad jurídica» para el profesorado que participa en estas actividades extraescolares, así como «una mayor dotación de recursos humanos y materiales para la escuela pública, que permita reducir al máximo los riesgos, al tiempo que mejoramos la calidad educativa».

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