IU solicita la derogación del modelo de ‘Tarjeta Monedero’ que plantea el gobierno andaluz

El grupo provincial de IU solicitará en el próximo Pleno de la Diputación, previsto para el próximo miércoles, que “se derogue el programa ‘Tarjeta Monedero’ que plantea el gobierno andaluz”, al entender que “supone un cambio de modelo de intervención social, que no respeta, además, el trabajo de los Servicios Sociales Comunitarios, que se configuran como el primer nivel de referencia para la valoración de las necesidades, garantizando la universalidad en el acceso al mismo y su proximidad a las personas usuarias, familias, unidades de convivencia y grupos de la comunidad”.

Este programa, según el grupo provincial, “ignora” los principios recogidos en la Ley de Servicios Sociales de Andalucía, de Responsabilidad Pública, Eficiencia Social y Economía, Responsabilidad Social, Accesibilidad Universal, Diseño para todas las personas y Participación, e “incumple” el mandato legal de que la valoración de las situaciones de urgencia solo puede llevarse a cabo desde los Servicios Sociales Comunitarios y no a través de personas ajenas a las administraciones Públicas.

Esta crisis sanitaria ha puesto de manifiesto que el Sistema Sanitario público es “fundamental para la vida y el bienestar de miles de personas” y, prueba de ello, es que “está siendo merecidamente reconocido” por la intervención de los y las profesionales de la medicina, la enfermería, el trabajo social o la psicología, y otras profesiones cuya contribución es vital para el sistema, como aquellos que están garantizando los procedimientos administrativos, la atención telefónica, recepción, alimentación en el nivel hospitalario, limpieza…etc. “Su esfuerzo, lucha diaria y dedicación durante esta pandemia no puede caer en saco roto”.

En vez de cambiar el modelo de intervención social, con programas como la ‘Tarjeta Monedero’, lo que debe hacer el Gobierno andaluz es, según el grupo provincial de IU, “aumentar su dotación presupuestaria para que, en el caso de los Servicios Sociales Comunitarios, sean sus profesionales los que realicen el Proyecto de intervención individual/familiar para cubrir necesidades básicas y sociales derivadas de esta emergencia sanitaria y social que vivimos”.

Las consecuencias sociales del estado de emergencia sanitaria “nunca han sido más patentes que en este momento, cuando especialmente están ahondando en los niveles de desempleo y desprotección social que ya sufría la población andaluza”. Al igual que en la crisis económica anterior, esta está provocando un “elevado impacto en los hogares andaluces y se está produciendo una llegada masiva de personas que nunca antes fueron usuarias del sistema público de servicios sociales”.

Entendemos que el impacto final de esta crisis dependerá de la “rapidez y del acierto de las medidas adoptadas y las que se adopten en el futuro, por lo que todas las administraciones públicas tenemos la urgente necesidad y el compromiso de continuar construyendo y reforzando el Estado social, por lo que ninguna renuncia es asumible en estos momentos”.

El fortalecimiento del Sistema Público de Servicios Sociales se trasluce como el único garante posible de poder garantizar la sostenibilidad y la cohesión social, de ahí que tanto la Diputación como el gobierno Central hayan y estén poniendo encima de la mesa iniciativas y presupuesto para precisamente reforzar su estructura. “Ahora sólo falta que se sume el Gobierno andaluz”.

Cabe señalar que durante el estado de alarma la Administración del Gobierno Español ha puesto a disposición de las CCAA un primer reparto de 25 millones de euros para las becas comedor y otros 300 millones de euros para reforzar los servicios sociales y el esperado Ingreso Mínimo Vital, y que desde el IPBS se han impulsado medidas que han posibilitado la atención de 2.500 personas a través del Programa de Garantía Alimentaria, atendido a 5.000 dependientes y tramitado más de 380 ayudas de emergencia social, 800 ayudas económicas familiares o más de 300 empleos sociales.